Vecinos de Los Viñedos insisten en cierre del mercado Arenales

- Afirman que es un foco infeccioso del coronavirus, limita el libre tránsito y que perturba su tranquilidad.

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Desde hace 17 años, moradores de la asociación vecinal Los Viñedos de Santa María libran una dura batalla legal y administrativa con la finalidad de lograr el cierre y reubicación del mercado informal Arenales, al cual consideran como foco de infección, riesgo vecinal y perturbador de la tranquilidad pública.

En conferencia de prensa, directivos de la asociación, juntamente con sus abogados, revelaron de manera documentada y gráfica las diversas penurias que enfrentan desde el año 2001, en que se trasladaron a esa zona urbana los comerciantes informales de la antigua parada de la Av. Maúrtua, la cual fue arrasada por la inundación del año 1998.

El presidente de la asociación, Edwin Guerrero Ramos, y el asesor legal Alejandro Verástegui, revelaron con lujo de detalles los cotidianos problemas que enfrentan los vecinos por el ingreso de camiones pesados, arrojo de basura y de vísceras de animales sacrificados, el ruido constante por la circulación de todo tipo de vehículos, los ataques verbales que les infringen los abastecedores y el bloqueo de calles por la presencia desde tempranas horas de la mañana de camiones de carga que se estacionan frente a sus domicilios, impidiendo la salida de vehículos ante cualquier emergencia.

Exhortación

En ese sentido, ambos exhortaron a la alcaldesa Emma Mejía Venegas y a sus funcionarios para que den cumplimiento al cierre de la parada, de conformidad a la Resolución Directoral N° 006-2002-DRHM/MPI, de fecha 17 de julio de 2002.

Explicaron que, en esa ocasión, las autoridades ediles de ese entonces dieron cumplimiento a la orden de clausura, pero que después los comerciantes la desacataron reabriendo la atención al público sin que la municipalidad reaccione frente a esa violación del principio de autoridad.

Es así que, al no ser escuchados por la autoridad de turno, el 23 de abril de 2003 el entonces presidente de la asociación vecinal, Anatolio Franco Perales, interpuso en la vía judicial una acción de cumplimiento contra la municipalidad provincial de Ica.

El Segundo Juzgado Civil Especializado en lo Civil de Ica, con fecha 31 de julio de 2003, declaró improcedente la demanda considerando que al haberse clausurado el local se había dado cumplimiento al acto administrativo.

Asimismo, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica, mediante resolución de fecha 2 de marzo de 2004, ratificó lo resuelto por el juzgado, motivando que el caso suba a la Primera Sala del Tribunal Constitucional, originando que el 25 de octubre del mismo año se declare improcedente el recurso extraordinario interpuesto por los vecinos.

Según el abogado Verástegui, al haberse agotado la vía judicial la decisión de clausurar la parada cobraba plena vigencia que se mantiene hasta ahora, por cuyo motivo esperan que la alcaldesa ordene a sus subordinados proceder al cierre de ese mercado informal; más aún, cuando el riesgo de contagios del Covid-19 en Ica cada día aumenta con su secuela de muerte.

Manifiesta que dicho centro de abasto se encuentra clausurado por la municipalidad y que al estar funcionando se incurre en el delito de violencia y resistencia a la autoridad.

Memorial

La asociación, en su desesperación de librarse de esa amenaza de contagio, inseguridad, salubridad y alteración de la tranquilidad pública, a inicios de este mes de julio también presentaron un memorial a la alcaldesa Emma Mejía, al gobernador Javier Gallegos, al prefecto José Luis Escate, Policía Nacional, Región de Salud, Defensa Civil y otros, demandando su intervención para el cierre de ese mercado que no cuenta con licencia de funcionamiento.

“Señores representantes de las distintas instituciones públicas y privadas de la ciudad de Ica (…), recurrimos a ustedes con la finalidad de solicitarles la defensa y protección de nuestros fundamentales y constitucionales derechos a la vida y a la salud, los cuales se encuentran en inminente riesgo de ser vulnerados no sólo debido a la proliferación del virus Covid-19 en el departamento de Ica, que ha situado a nuestra localidad en la región con mayor índice de letalidad en nuestro país; sino, primordialmente, porque dicho riesgo se incrementa exponencialmente con el irregular funcionamiento del Mercado Arenales (…) que no guarda las medidas sanitarias y de salubridad exigidas por ley, lo que consecuentemente lo ha convertido en un foco infeccioso y de proliferación de la enfermedad (coronavirus), poniendo en riesgo la salud y la vida de las personas que residen en esta urbanización”, expresan en su memorial.

Habeas Corpus

Los moradores, igualmente, han interpuesto proceso constitucional de Habeas Corpus Restringido (derecho al libre tránsito) ante el Juzgado Especializado Mixto de Ica, contra la Asociación de Comerciantes Mayoristas del Mercado Arenales de Ica (ACMMAI), y contra la Municipalidad Provincial de Ica, debidamente representada por su alcaldesa Emma Mejía Venegas.

Los recurrentes sustentan su demanda en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, contenida en el Expediente N° 2663-2003-HC/TC), donde se establece que el hábeas corpus restringido “se emplea cuando la libertad física o de locomoción es objeto de molestias, obstáculos, perturbaciones o incomodidades que, en los hechos, configuran una seria restricción para su cabal ejercicio. Es decir, que, en tales casos, pese a no privarse de la libertad al sujeto, se la limita en menor grado”.


Daniel Bravo Dextre

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