Municipalidad investigaría licencia de construcción otorgada a UTP Ica

- Ingeniero Yarasca revela que hubo festinamiento de trámites y abogado Ordoñez recomienda a regidores impulsar proceso sancionador.

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La alcaldesa Emma Mejía Venegas evalúa el pedido de dos regidores de la municipalidad provincial de Ica, quienes en la sesión del jueves recomendaron la remoción del subgerente de Obras Privadas, arquitecto Marcos Sánchez Anchante, en atención al caso de la Universidad Tecnológica del Perú – UTP Filial Ica.

Según la fuente, la autoridad edil ha exigido pruebas para retirarle la confianza de manera temporal o definitiva al joven profesional que elaboró el informe para que UTP obtenga licencia de edificación de su sede Ica -de siete pisos-, dentro de un presunto festinamiento de trámites.

En declaraciones al diario La Opinión, el exgerente municipal de Defensa Civil Ica, Ing. Manuel Yarasca Arcos, reveló que se le debería apartar del cargo a Marcos Sergio Sánchez mientras dure la investigación autorizada por el Congreso de la República el pasado 4 de julio, a efecto que se verifique si estuvo conforme a ley que la Sunedu le otorgue licenciamiento a la filial Ica de la UTP, cuando aún no tenía construida su sede.

Yarasca, quien es empleado de carrera de la comuna iqueña desde hace 31 años, recordó que en mérito a la Ley de Transparencia el 16 de diciembre de 2019 solicitó por escrito que la municipalidad le informe el trámite que siguió UTP para conseguir licencia de construcción, y que después de tanta insistencia a inicios de marzo le entregaron un expediente de 180 folios.

Trámite en cuestión

Con documentos en la mano, el experimentado ingeniero civil reveló que el 28 de diciembre de 2018 el entonces gerente de Desarrollo Urbano, Ing. Gustavo Ponce Farfán, le otorgó a la referida universidad privada licencia de edificación para que construya en la esquina de las avenidas Ayabaca y Túpac Amaru su sede de cuatro pisos, dentro de una zona residencial R-4 que no resiste edificios de más de cuatro niveles.

Mencionó que ese mismo 28 de diciembre, último día útil de la gestión del alcalde Javier Cornejo, UTP presentó un pedido demandando se le otorgue Licencia de Modificación y Ampliación, a fin de construir en el mismo lugar un edificio de siete pisos y no de cuatro pisos como estuvo autorizado.

Dijo que el 3 de enero de 2019, estando en funciones la alcaldesa Emma Mejía, el expediente pasó a la subgerencia de Obras Privadas y Catastro, donde se habría dado otro festinamiento de trámites con la participación de representantes del Colegio de Arquitectos y del Colegio de Ingenieros, quienes no advirtieron las presuntas irregularidades que contenía el expediente que autorizo la cuestionada edificación.

Yarasca indicó que además de no corresponder a la zonificación R-4, cuya variación se da por Acuerdo de Concejo, el expediente contenía un Certificado de Compatibilidad de Uso extendido por el trabajador obrero Javier Hernández Águila, encargado del Área de Licencias de Funcionamiento.

“Este trabajador no tenía el nivel ni la responsabilidad administrativa para expedir un certificado que es competencia de un profesional de carrera que elabore en el área correspondiente. Además, la certificación la hace en un documento simple, sin membrete y diseño característico. Este solo hecho invalida la licencia otorgada”, argumentó Yarasca Cuadros.

También le pareció extraño que UTP haya pagado solamente 506 soles por derecho a licencia de construcción, teniendo en cuenta el enorme costo que tiene ese edificio de siete pisos.

En ese sentido, Yarasca insistió en que se le retire la confianza a Marcos Sánchez, pues al permanecer en el cargo tiene acceso al cuestionado expediente que él autorizó y podría ocultar documentos o entorpecer la investigación iniciada por la Comisión de Educación del Congreso, cuyo plazo es de 120 días.

Proceso sancionador

Frente a las presuntas irregularidades que investiga la Comisión de Educación, el abogado José Carlos Ordoñez, en conferencia de prensa mencionó que llama mucho la atención, al comprobarse que el terrero donde yace la construcción de UTP de siete pisos, sólo tiene permitido por zonificación la construcción de hasta cuatro pisos, conforme lo sostiene el Ing. Manuel Yarasca.

Sostuvo que ello obligaría a que la municipalidad inicie un proceso sancionatorio en mérito a su Reglamento de Aplicación a Sanciones Administrativas (RASA) y su cuadro de Infracciones de Sanciones Administrativas (SISA), en los cuales puede llegarse a disponer el no otorgamiento de licencia de funcionamiento, su anulación, paralización de la ejecución de la obra o demolición de la edificación.

“Evidentemente, el terreno donde se edificó la mencionada institución universitaria, requería previamente el cambio de zonificación por el ente competente, que en este caso sería el Concejo Provincial integrado por el cuerpo de regidores y el alcalde provincial, cuya situación no sucedió”, fundamentó el letrado en su calidad de iqueño y egresado de la Facultad de Derecho de la UNICA, universidad cuyo licenciamiento fue denegado por la Sunedu pese a contar con una gran infraestructura.

“Esto último exhibe ante la comunidad iqueña una indudable desigualdad para con la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, a la que se le negó el licenciamiento porque supuestamente incumplía con las condiciones básicas de calidad, mismas condiciones en la que se encontraría la UTP, la cual sí resultó licenciada, perjudicando a más de cinco mil estudiantes para nuevo ingreso a la UNICA, ya que la derogatoria del licenciamiento conllevó a la no realización de nuevos exámenes de admisión”, explicó.

Finalmente, el Dr. Ordoñez aseguró mostrando fotografías satelitales que la SUNEDU le otorgó licenciamiento a la filial Ica UTP, cuando sólo tenía construida la fachada con material prefabricado y frente a ésta un campo de tierra, lo cual no estaría permitido en la nueva Ley Universitaria.


Daniel Bravo Dextre

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