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Abogado sale en defensa de servidor del Congreso

- Aclara entretelones de informe periodístico vinculado a UTP Ica.

El experimentado abogado José Carlos Ordoñez salió en defensa del técnico del Congreso de la República, Arturo Alpaca, natural de Ica, a quien se le ha pretendido descalificar en un informe periodístico de una televisora nacional difundido el domingo último.

El letrado sostiene que en el reportaje de Punto Final se mencionan una serie de imprecisiones que tendrían como trasfondo desacreditar al joven profesional que labora para el legislador Fredy Condorí, integrante de la Comisión de Educación que mantiene en jaque al titular de ese sector.

Refiere que el ingeniero de sistemas no es asesor del congresista, como se menciona deliberadamente en el informe televisivo, sino técnico especialista en manejo de instrumentos tecnológicos, ahora que las sesiones del pleno y comisiones se realizan de manera virtual.

Otra imprecisión que advierte el hombre de leyes es cuando se afirma que Alpaca maneja una institución educativa en la modalidad de sociedad anónima cerrada, o sea empresa, cuando en el RUC de la misma que es una asociación educativa dentro del régimen del Código Civil.

El Dr. Ordoñez resalta que el personaje en cuestión no sólo tiene amplia experiencia en materia educativa, sino que como especialista en ingeniería de sistemas fue quien detectó que el edificio de la filial Ica de la Universidad Tecnológica del Perú – UTP no estaba construido cuando el 12 de junio de 2019 la SUNEDU le otorgó el licenciamiento.

No sólo eso, agrega el abogado consultado, sino que Arturo Alpaca habría descubierto un hecho de mayor relevancia, en el sentido que la filial de la UTP habría obtenido el licenciamiento basándose en un informe que acreditaría la existencia de una fachada de la sede universitaria construida con material prefabricado drywall.

Según Ordoñez, el técnico también halló las fotos de esa fachada, en cuyo interior se observa una pampa y materiales de construcción; y lo que es peor, no se aprecia ninguna puerta para el ingreso y salida de estudiantes, por lo que a su juicio no calificaba para que funcione como sede universitaria.

Comisión de Educación

Estas presuntas irregularidades detectadas le han servido de argumento a la Comisión de Educación del Congreso para cuestionar al actuar ministro de ese portafolio, Martín Benavides; pues, en su gestión de jefe de la Sunedu se otorgó licenciamiento a la filial de la UTP cuando aún no había construido su edificio.

Respuesta

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), a través de un comunicado aclaró que “el trabajo técnico realizado para el otorgamiento de licencias institucionales para todas las universidades del país no privilegia a ningún tipo de universidad. De las 94 universidades licenciadas, solo una pertenece a un conglomerado empresarial, por lo que no se puede ni siquiera sugerir algún tipo de favoritismo”.

Indicó que el Consejo Directivo de la Sunedu “es la instancia que resuelve los procedimientos de licenciamiento, bajo criterios técnicos específicos en los que se evalúa el cumplimiento de Condiciones Básicas de Calidad (CBC), no solo en universidades y filiales con estudiantes, sino, además, en los casos en las que no cuenten con estudiantes, dando cumplimiento a lo indicado por el Tribunal Constitucional, en la sentencia que ordenó la creación de la Sunedu”.

Mencionó que la Universidad Tecnológica del Perú fue licenciada el 12 de junio del 2019, mediante Resolución del Consejo Directivo N°081-2019-SUNEDU/CD. “En dicha resolución, se le reconoció la autorización para prestar el servicio en su sede y en siete filiales. Dos de ellas ya funcionaban y contaban con alumnos, las otras cinco (Piura, Chimbote, Ica, Trujillo y Huancayo) eran nuevas filiales y no tenían alumnos”, agrega.

Sostuvo que en las filiales que no contaban con alumnado, “la Sunedu verificó el cumplimiento de las exigencias relacionadas a garantizar la provisión del servicio para los futuros estudiantes, durante los dos primeros años, de la misma forma como se procedió con las universidades públicas que se licenciaron sin contar con alumnos”.

Reveló que, para todos estos casos, el “licenciamiento otorgado por la Sunedu incluye una verificación de la implementación progresiva de las filiales nuevas, antes de que los estudiantes hagan uso de los espacios. Estos requerimientos están desarrollados en los informes que sustentan el licenciamiento y en las respectivas resoluciones de licenciamiento para su cumplimiento, las cuales son de acceso público y transparente en la página web de la Sunedu”.

Para integrantes de la comisión el caso no está cerrado, por lo que continúan investigando si el otorgamiento de la licencia institucional a la referida filial estuvo sujeta a la nueva Ley Universitaria 30220.


Daniel Bravo Dextre

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