Ministerio de Justicia declara nulo contrato de obra para la ejecución del Mega Penal de Ica

° La Contraloría General de la República verifica que saldo de la obra y su ejecución se realizó de forma transparente y oportuna.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) declaró la nulidad de oficio del Contrato N°24-2018-JUS para la ejecución de la obra: «Instalación del servicio de readaptación social en el nuevo establecimiento penitenciario Ica, distrito de Santiago, provincia de Ica, departamento de Ica (SNIP 276849)”, suscrito con el Consorcio Ejecutor Ica – CEI (integrado por Impresa Pizzarotti & C.S.P.A, CMO Group S.A. y Constructora MPM S.A.).

Se adoptó esta medida a través de la Resolución Ministerial N°0033-2020 del 27 de enero último, luego de haber verificado que el referido consorcio presentó documentación inexacta, según lo especifica la Resolución N°2713-2017 del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), la cual ordena, entre otros, iniciar proceso administrativo sancionador contra los miembros integrantes de esas empresas (Exp.33-2018.TCE); y, la verificación posterior realizada por el MINJUSDH.

El procedimiento de selección para la adjudicación del servicio exigía la «Experiencia del Plantel Profesional Clave», que establece los años de experiencia que deben cumplir los profesionales que integran el consorcio. Sin embargo, seis (6) documentos presentados contienen información inexacta que implican un mayor plazo en la experiencia del Plantel, lo cual generó un beneficio para el contratista.

Antes de tomar esta decisión, el MINJUSDH solicitó al Consorcio Ejecutor Ica mediante Carta N° 1728-2019-OGA-OAB y Carta N° 1898-2019-OGA-OAB sus descargos sobre la transgresión al principio de presunción de veracidad en los documentos observados, no logrando desvirtuarlos.

Una vez declarada la nulidad, el MINJUSDH solicitó la colaboración de la Contraloría General de la República para que junto a este portafolio realice una labor de verificación que permita continuar con el procedimiento de saldo de obra y su posterior ejecución de manera transparente y oportuna, custodiando los intereses del Estado.

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