UN PUNTO DE VISTA: Promoción agraria mercantilista por Raúl Bravo Sender

Recientemente, el Congreso de la República ha aprobado la ampliación de vigencia de la ley de promoción agraria hasta el año 2031. Se trata de una norma que otorga una serie de beneficios para incentivar la inversión privada en el sector agrario.

Nuestra provincia iqueña es una de las que más se ha beneficiado con dicha ley. Gracias a la misma –y a pesar de las críticas- se instalaron en nuestro valle varias empresas agroexportadoras que han ampliado la frontera agrícola.

A dichas empresas se les ha bautizado con el término de “agro explotadoras”, en alusión a que, abusando del estado de necesidad de las personas por conseguir un empleo, se han enriquecido a costa de explotarlas bajo paupérrimas condiciones, desconociendo sus derechos laborales.

Sin embargo, no puede desconocerse el hecho de que centenares y miles de compatriotas –y hoy también venezolanos- han podido mejorar su situación laboral y económica, accediendo a mayores y mejores derechos que no se les reconocen en el mercado informal.

Derechos que, por cierto, no debieran establecerse por ley, sino más bien ganarse en el mercado bajo un régimen competitivo. Por ello, en el fondo, la referida ley es mercantilista, al haber utilizado al poder estatal para establecer un régimen especial y sustraerlo de la libre y espontánea negociación que debe entablarse entre empleador y trabajador.

Así, a pesar de los defectos y críticas, y gracias a la predictibilidad por el establecimiento de costos legales fijos, la norma ha promovido la inversión y la empleabilidad en un sector muy golpeado por los nocivos efectos de la reforma agraria velasquista que se sustentó en la idea de que la tierra es de quien la trabaja, y que dio lugar a bajos niveles de producción por un fenómeno que se repite cuando se colectivizan los escasos recursos: “la tragedia de los comunes”.

Ningún sector de la economía puede sustentar su éxito con privilegios legales a costa de otras actividades económicas. Si realmente queremos un régimen económico igualitario y justo, dejemos de ver a la ley como un instrumento para premiar a unos con derechos y a otro no, pues las relaciones laborales se negocian libremente en el mercado.

Todo esto obedece a nuestra tradición jurídica de suponer que con las leyes podemos inventar concesiones. Pero nos olvidamos que al mismo tiempo estamos obligando a alguien. Abandonemos esa errada idea de suponer que de antemano ya hemos ganado ciertos derechos de contenido social. No cabe duda que el mercantilismo proviene de ambos extremos: del empresarial y del sindical.

Lo cierto es que el establecimiento legal de derechos de contenido social, constituye en el fondo una de las tantas formas que tiene el Estado de expropiar nuestros derechos de propiedad y de libertad, al disponer por nosotros de nuestras rentas y autonomía contractual.

Dejemos que empleador y trabajador se pongan de acuerdo con autonomía respecto de los términos del contrato, sin la intervención de terceros, pues los intercambios se producen cuando valoramos más lo que el otro nos ofrece y estamos dispuestos a dar lo que nos pide. Si es justo o no dicha permuta, ello sólo dependerá de lo que ambas partes hayan acordado, y no de la opinión ajena de quienes no tienen vela en ese entierro.


rantoniobravo@hotmail.com

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