Migraciones y especialistas cuestionan acuerdo para empadronar venezolanos

– Abogado Ordoñez Castro exhorta a autoridades regionales y municipales a dejar sin efecto acuerdos que usurpan funciones de la Superintendencia Nacional de Migraciones.

Con relación al acuerdo adoptado por el Comité Regional de Seguridad Ciudadana -CORESEC-, en el sentido de empadronar a los ciudadanos venezolanos ubicados en toda la región Ica, en la ciudad de Pisco ha surgido una controversia por una medida similar adoptada en la municipalidad provincial.

Según lo comunicado en el Facebook de esa municipalidad, por Acuerdo del Concejo Provincial desde el 7 de octubre próximo los ciudadanos venezolanos que residen en Pisco deberán tramitar su carnet de identificación y permanencia de manera obligatoria, a fin de que permanezcan en la ciudad y distritos.

En la mencionada publicación también se señala que los venezolanos residentes en Pisco deberán presentar sus documentos personales, permiso temporal de trabajo y señalar el lugar de residencia, en el local del al Pool de Maquinarias, sito en la esquina de las calles Ramón Aspíllaga y López de Alarcón.

Al respecto, el diario El Comercio da cuenta que la Superintendencia Nacional de Migraciones, responsable de ejecutar la política migratoria interna, ha señalado que dicha actividad (empadronamiento) no tiene valor migratorio y que, por lo tanto, no participará en su ejecución.

El mismo diario consigna declaraciones del especialista en derecho municipal, Jorge Villalobos, quien sostiene que con esta medida la municipalidad de Pisco estaría usurpando funciones, por cuyo motivo los ciudadanos venezolanos estarían en la potestad de interponer una demanda de acción de amparo o de hábeas corpus.

“La entidad encargada de realizar estas actividades es la Superintendencia Nacional de Migraciones. Si el empadronamiento es con fines de quien va a vivir en Pisco o la calidad migratoria, eso no le corresponde [al municipio]. Si tiene previsto brindar un apoyo social, eso se justificaría por saber a quién se va a ayudar”, explica Villalobos en esa entrevista.

El Decano también revela que la Defensoría del Pueblo ha rechazado esta medida pues, a su juicio, se encontraría fuera de la ley. “La medida está absolutamente fuera del marco legal que permite trabajar a las municipalidades. Es una medida ilegal y que por sus tintes tiene carácter discriminatorio y puede traer graves consecuencias para los venezolanos”, precisó Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos del referido organismo.

Exhortación

Sobre el particular, el diario La Opinión también entrevistó al doctor José Carlos Ordoñez Castro, experto en derecho municipal, administrativo y laboral, quien manifestó que el empadronamiento de los ciudadanos venezolanos que pretenden hacer el gobierno regional, gobiernos locales y Prefectura regional es un acto discriminatorio, arbitrario e ilegal por no ser su competencia o atribución, sino de otro organismo del Estado como la Superintendencia Nacional de Migraciones.

Refiere que las autoridades que participen y ejecuten tal acuerdo se verán envueltas en delitos de usurpación de funciones y abuso de autoridad.

Igualmente, manifiesta que serían pasibles de acciones constitucionales de Proceso de Amparo y Habeas Corpus por parte de los ciudadanos extranjeros afectados en sus derechos.

En ese sentido, el letrado exhortó a las autoridades regionales y municipales para que enmienden tales acuerdos o disposiciones, caso contrario se verían envueltas en serios problemas legales.

“Deben dejar que el Ejecutivo cumpla su rol ante el éxodo de venezolanos en nuestro país. Lo que a la autoridad municipal, regional y prefectural debe preocuparles es saber cuáles son sus competencias, ejecutarlas y hacerlas cumplir, y no inmiscuirse en funciones que la ley no le ha conferido”, expresó el gerente del Estudio de Abogados Ordoñez.


Daniel Bravo Dextre

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