Dos exfuncionarios del Gore Ica fueron sentenciados e inhabilitados

– Deberán pagar reparación civil de 250 mil soles.

A raíz de una auditoría que practicó la Contraloría, dos exfuncionarios del Gobierno Regional de Ica fueron sentenciados por el Poder Judicial a cuatro años de pena privativa de la libertad e inhabilitados para asumir cargos en el sector público, por el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo.

El Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Ica también determinó el pago de una reparación civil de 250 mil soles a favor del Estado, la cual deberá ser cancelada en forma solidaria por los ex funcionarios sentenciados Miller Edu Vizcarra Roman y Ana Yolanda Pérez Cortés, en caso la sentencia quede firme.

En la sentencia contenida en la Resolución N° 14 del 15 de julio pasado, se menciona como antecedente el Examen Especial N° 010-2015-CG/ORIC-EE de la Contraloría General, efectuado a la contratación para la ejecución del proyecto “Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital San José de Chincha”, durante el periodo de noviembre del 2010 al 4 de abril del 2012.

La auditoría estableció que los sentenciados tuvieron un interés de favorecer a una empresa, suscribiendo el contrato N° 006-2011-GORE-ICA por un monto de 37 millones 468 mil soles, para la ejecución del proyecto, el 5 de abril de 2011 cuando debían de haberlo hecho el día 4 y pese a que tampoco presentó la documentación requerida.

Asimismo, la auditoria identificó que la documentación del contrato entre el consorcio que iba a ejecutar la obra y la empresa privada fue suscrita un día después de la firma de contrato entre el Gobierno Regional, y que dicha documentación fue incorporada al legajo con posterioridad.

La Contraloría también cuestionó la carta fianza de COOPEX por más de tres millones de soles, la misma que no estaba bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. La empresa tampoco presentó los certificados de habilidad de los profesionales ingenieros encargados de la ejecución del proyecto.

Ante los hechos revelados en el informe, Miller Edu Vizcarra Román (exdirector de la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio del Gobierno Regional de Ica desde enero del 2011) se acogió a la conclusión anticipada, aceptando su responsabilidad en el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, siendo sentenciado a cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida; asimismo, se le impuso la inhabilitación para asumir cargos públicos por un periodo de dos años y siete meses.

En tanto, la juez impuso cuatro años y ocho meses de pena privativa de la libertad efectiva para la imputada Ana Yolanda Pérez Cortés al habérsele hallado responsable del delito de Negociación Incompatible o Aprovechamiento Indebido del Cargo. A la exfuncionaria también se le limitó sus derechos, inhabilitándola por el término de tres años para ocupar cargos públicos.

En el referido proceso, la Procuraduría de la Contraloría General estuvo a cargo de la defensa de los intereses del Estado, logrando se expida la sentencia aludida. (DBD)

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