Funcionarios están obligados a registrar gestión de intereses en el Estado

Los funcionarios con capacidad de decisión pública están obligados a registrar los actos de gestión de intereses que realicen los particulares en las entidades del Estado, según el reglamento de la Ley 28024 publicado ayer por el Poder Ejecutivo.

Según explicó la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), esto se realizará a través de un sistema único de registro de visitas en línea, el cual permitirá contar con información transparente, abierta e interoperable.

La publicación de este reglamento se llevó a cabo como parte de las tareas emprendidas por el Gobierno para elevar los estándares de integridad pública.

La gestión de Intereses (o lobby) es la actividad a través de la cual las personas, natural o jurídica, nacional o extranjera, promueven sus intereses con el fin de orientar una decisión pública en un sentido deseado.

Dicho proceso, debidamente realizado, constituye una actividad legítima ante la administración pública.

La titular de la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, Susana Silva Hasembank, manifestó que las nuevas disposiciones contribuirán a una mejor supervisión de dicha actividad.

“No solo se ha simplificado el proceso de registro para un cumplimiento efectivo, sino que se ha puesto mayor énfasis en darle más transparencia al acto de gestión, independientemente de quién lo realice”, puntualizó la funcionaria.

Tras la aprobación del nuevo reglamento se tiene previsto iniciar el proceso de implementación en todas las entidades públicas, actualizando sus registros de visitas en línea de manera progresiva.

Silva Hasembank subrayó que una adecuada gestión de esta actividad permitirá a la ciudadanía identificar sectores interesados en diferentes temas que son objeto de decisiones públicas.

“Además, permitirá a quienes realicen una gestión de interés un acercamiento al Estado en igualdad de condiciones y contribuirá a legitimar la toma de decisiones públicas al reducir el margen de cuestionamientos por falta de transparencia”.

Cabe destacar que esta medida da cumplimiento a lo establecido en el Decreto Legislativo 1415 y a la acción número 29 del Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción 2018-2021.

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