Indecopi desarticuló cuatro cárteles empresariales en 2018

La Comisión de Defensa de la Libre Competencia (CLC) del Indecopi durante el 2018, en su labor de lucha contra las conductas anticompetitivas, desarticuló cuatro cárteles empresariales.

Uno de estos fue el cártel del Gas Natural Vehicular (GNV) que operó en Lima y Callao, entre julio de 2011 y mayo de 2015.

En este caso fueron multadas 63 empresas y 29 funcionarios, por un total de más de 459 millones de soles, por acordar el incremento de sus precios, afectando a sus usuarios.

Según la investigación, el beneficio ilícito de dichas empresas por la práctica fue de 152.6 millones de soles. Esta sanción está en etapa de apelación.

También fueron sancionadas seis líneas navieras que, a través de un acuerdo secreto, se repartieron clientes (fabricantes o importadores de automóviles y camiones para el transporte marítimo de vehículos de diversas marcas).

Este cártel operó entre el 2001 y 2012, y afectó la importación de más de 55,000 vehículos. Las empresas deberán pagar más de 47 millones de soles en multas. Esta decisión ha sido apelada por tres empresas ante la segunda instancia del Indecopi.

Asimismo, en Chimbote, la CLC multó con más de 12 millones de soles a 24 empresas dedicadas a la comercialización de combustibles líquidos y a ocho de sus representantes, por determinar el precio por el litro de diésel y gasoholes de 84, 90 y 95 octanos.

De esta manera, el cártel impuso a sus clientes incrementos de precio (sobreprecio) hasta en 7% para el litro de diésel y gasoholes de 84, 90 y 95 octanos, lo que representaría una afectación a la competencia en el mercado de combustibles líquidos en Chimbote.

Esta decisión ha sido apelada por 21 empresas y cuatro de sus representantes ante la segunda instancia del Indecopi.

En la región Cajamarca, fue desarticulado un cártel integrado por cinco empresas de transporte terrestre de pasajeros de la ruta Cajamarca-Cajabamba.

Se les impuso sanciones, por más de 350,000 soles por fijar el alza del pasaje en hasta 50 %. Esta decisión ha sido apelada por una empresa ante la segunda instancia del Indecopi.

Además, hay que destacar que la Secretaría Técnica cerró el año 2018 con 27 investigaciones preliminares y la CLC con 10 procedimientos administrativos sancionadores en trámite.

Segunda instancia

En lo que respecta a los casos llevados a la Sala Especializada en Defensa de la Competencia (SDC), la segunda instancia resolvió 23 casos en materia de libre competencia, entre los que destacan los siguientes:

Servicios de hemodiálisis:

Se determinó que un grupo de personas naturales y jurídicas (centros de hemodiálisis) concertaron elevar el precio del valor referencial en los concursos públicos destinados a prestar servicios de hemodiálisis con reúso, en las regiones de Lima y Callao, a EsSalud. La multa total fue de 1,633.33 UIT.

Servicios notariales en Lambayeque:

Se estableció la responsabilidad de personas naturales (notarios) y el Colegio de Notarios de Lambayeque por negarse de forma concertada (o hacer que sus miembros se nieguen, en el caso del colegio profesional) a brindar el servicio de constitución, modificación y cancelación de garantías mobiliarias utilizando el documento denominado ‘formulario de inscripción’ aprobado por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Se impuso una multa total de 22.36 UIT.

Servicios de transporte en Arequipa:

Se determinó la responsabilidad de las empresas de transporte investigadas por concertar el alza del precio del servicio de transporte de pasajeros, en el ámbito provincial, en diversas rutas en Arequipa. La multa fue de 18.89 UIT.

Papel higiénico y otros productos de papel tissue:

En segunda instancia, se sancionó a tres personas naturales investigadas que presentaron apelación en este caso, por incurrir en prácticas colusorias para fijar precios y condiciones en la comercialización de papel higiénico y otros productos de papel tissue en el país. Se les impuso una multa de 106.59 UIT.

Comercialización de pan en Piura:

En segunda instancia, la Sala confirmó la responsabilidad de una persona natural, que presentó apelación, por el incremento concertado del precio del pan en la provincia de Piura. Se le impuso una multa de 35.52 UIT.